El presente diplomado está estructurado para dotar al alumnado de herramientas y habilidades que analicen principalmente los fundamentos teóricos de la evolución de la conceptualización de las sobrevivientes de la trasgresión de la norma, su inclusión y reconocimiento en el paradigma de los derechos humanos. Fortaleciendo la estructura, metodología y relevancia psicojuridica sobre la evaluación forense en el ámbito victimal. En la misma capacitación podrá explorar los efectos de la polivictimización y su relación directa con la evaluación del peritaje psicosocial y la evaluación ya que como argumenta Nieves, G (2009), el peritaje psicológico aporta un elemento de prueba que demuestra la existencia de una serie de daños psicológicos y psicosociales y el grado de afectaciones por violaciones graves a derechos humanos. Habrá que considerar que las afectaciones tras violaciones a derechos humanos no solo permean el aspecto físico, sino prevalecen en la esfera psíquica, donde los daños psicológicos generalmente permanecen a lo largo de la vida, como efecto de una o varias experiencias traumáticas. Impactando en el área social, familiar, laboral, grupal, individual, así como, en los diversos proyectos de vida siendo significativo en la toma de decisiones.

Tal como refiere Díaz, P (2021), toda trasgresión de la norma tiene repercusiones sociales y de impacto; además de los costos en la investigación policial y de procesamiento de los delitos, por mencionar algunos. Sin embargo, las consecuencias van más allá del impacto en el sistema de justicia y debido proceso, ya que, se presentan consecuencias de efecto paralelo victima-victimario. Datos que se publicaron en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2021), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, menciona que, en 2020, a nivel nacional, se estiman 21.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 23 520 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2019 que fue de 24 849. Estos datos inciden directamente en la intervención y atención de las y los sobrevivientes de un hecho punible. Para ello hay que considerar que nuestro sistema de justicia es de carácter probatorio y el perito se inserta en el contexto de la investigación judicial forense, es por ello, trascendente que los operadores del sistema de justicia sea capacitado para diseñar y ejecutar una investigación pericial, elaborar informes psicosociales, lo cual, tiene relevancia como medios de prueba judicial, para coadyuvar en la determinación jurídica sobre la reparación psicosocial que las victimas pudieran tener por parte del estado o particulares.

El peritaje tiene su función en el mundo jurídico y puede ser requerido a nivel nacional o internacional, y en cualquiera de los dos espacios puede ir dirigido a demostrar los hechos en algunos tipos penales o violaciones a derechos humanos, como el genocidio o la tortura; o, puede ir dirigido a demostrar el daño y realizar una propuesta de medidas de reparación. Nieves, G (2009). En el ámbito nacional, el peritaje puede ser útil para determinar la pena impuesta que se deriva del

hecho delictivo; toda vez que la evaluación y metodología del peritaje psicosocial requiere estrategias y herramientas especificas para demostrar un daño hacia una víctima y delimitar las diversas manifestaciones de la polivictimización.